Este libro está inmero en el contexto del amplio debate que actualmente libra la doctrina penal entre las tesis que abogan por la legitimidad de la intervención penal en nuevos ámbitos de actividad social, protegiendo bienes jurídicos colectivos (delitos contra el mercado y los consumidores, urbanismo y medioambiente, socioeconómicos...) y las que abogan por un Derecho penal mínimo, reducido al Derecho penal clásico (protección de la vida, salud, libertad y propiedad). En la obra se trata de asumir las inevitables contradicciones que implica una explicación no reductora de la realidad, sino reflejo de su verdadera complejidad, optando por una vía que intenta conciliar los principios limitadores y garantistas con el reconocimiento de la necesidad de protección de intereses sociales no estrictamente individuales.
