La facultad de establecer tributos es un elemento clave -junto al derecho a acuñar moneda y el uso de la fuerza militar- del concepto clásico de soberanía. Las instituciones comunitarias han atraído para sí, a través de la Unión Monetaria y la Política Exterior y de Seguridad Común, los dos últimos elementos, y de forma más velada emprenden ahora la progresiva coordinación de las políticas fiscales de los Estados miembros, afectando incluso a las formas de imposición directa. Ello tiene lugar tanto a través de medidas de Derecho comunitario derivado como mediante la creciente jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo, que parece sustituir a los Estados en su función legislativa. Esta monografía describe este lento pero progresivo proceso de armonización de algunas formas de imposición directa, analizando del mismo modo su necesidad y conveniencia.