AA.VV
El presente Código bancario se estructura en dos grandes bloques temáticos, notoriamente concordados: una primera parte que agrupa las Disposiciones generales sobre ordenación bancaria, comenzando por la vigente Ley de 31 de diciembre de 1946, de Ordenación Bancaria, a la que se añaden otras disposiciones más recientes, que conforman el esqueleto de nuestro actual Derecho bancario, como el RDLeg. 1298/1986, de 28 junio, sobre adaptación del derecho vigente en materia de Entidades de Crédito al de las Comunidades Europeas y, sobre todo, la Ley 26/1988, de 29 julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. Asimismo, este primer apartado se subdivide en epígrafes dedicados a las autoridades de control y supervisión, así como respecto de las diferentes modalidades de entidades de crédito (banca pública, bancos privados, cajas de ahorros...).
La segunda parte viene destinada al Régimen del ejercicio de la actividad bancaria, comenzando por las normas de ordenación del ejercicio regular de la empresa bancaria, entre las cuales cabe destacar las disposiciones relativas a los requisitos de solvencia, coeficientes y recursos, como la Ley 13/1985, de 25 mayo, el RD 321/1987, de 27 febrero, la Ley 13/1992, de 1 junio, o la Ley 36/2007, de 16 noviembre, por la que se modifica la mentada Ley 13/1985. Seguidamente, en apartados específicos, se contienen, entre otras, las normas sobre contabilidad bancaria y las que regulan las medidas de control del blanqueo de capitales, el Fondo de Garantía de Depósitos o el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (aprobado por RDLey 9/2009, de 26 junio).
Calificar esta obra como Código bancario, sin más, puede resultar un título excesivamente parco, que no hace del todo justicia a su contenido, pues también se han incluido tanto una selección de preceptos de la Ley 24/1988, de 28 julio, del Mercado de Valores, como el RD 217/2008, de 15 febrero, sobre régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión, por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el RD 1309/2005, de 4 noviembre, con lo que se da buena cuenta de la presencia de las entidades de crédito en este ámbito, así como de la prestación de servicios de inversión.
